En el año 2006, Panamá avanzó significativamente en el tema de licitaciones (contrataciones públicas), creando el marco legal para que las mismas se lleven a cabo de forma transparente y justa a través de la promulgación de la Ley 22 de 2006, propiciando un nuevo segmento lucrativo para las empresas e individuos que desean ofrecer bienes y servicios al gobierno panameño.
Las reglas son sencillas; toda licitación debe pasar por un proceso administrativo asistido por medios electrónicos, resultando en adjudicaciones justas y expeditas. El Estado y sus instituciones no pueden convocar a una licitación sin antes presupuestar el gasto y asignar el personal requerido para su ejecución. Las licitaciones son notificadas y llevadas a cabo a través de un sitio web dedicado para tal fin (i.e. www.panamacompra.gob.pa).
Toda institución gubernamental puede solicitar la convocatoria de licitaciones y una entidad administrativa denominada Dirección Nacional de Contrataciones Públicas supervisa el cumplimiento de la Ley en estos actos públicos. Adicionalmente, Panamá cuenta con el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, un ente independiente, que busca garantizar que los resultados sean acordes a la Ley.
Las publicaciones y notificaciones de las licitaciones se realizan en línea en el portal de www.panamacompra.gob.pa.
Nuestra firma asesora y asiste a varios clientes quienes de forma habitual participan en licitaciones de diversa índole, obteniéndoles resultados favorables. De igual forma, presentamos reclamos y otros recursos legales a fin de proteger sus derechos durante las licitaciones, de ser necesario.
